Anticorrupción sostiene que su «propósito era desestabilizar los procedimientos judiciales o actuaciones policiales en que se investigaba a miembros del partido o de la familia del presidente del Gobierno».
El escrito sugiere la próxima imputación del PSOE como persona jurídica: «Parece evidenciarse que no existía mecanismo de control alguno sobre la gestión que Santos Cerdán hacía de las cuentas».
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